¿Cumplirá? El mismo presidente del Gobierno que anunció durante años que él nunca aprobaría decretazos en el mercado laboral, se comprometió ayer a hacerlo el próximo día 16, «se produzca un acuerdo o no» entre la patronal y los sindicatos.
José Luis Rodríguez Zapatero dio ayer señales de que, por fin, va a emprender una liberalización del mercado de trabajo que un amplísimo consenso de instituciones internacionales y economistas consideran imprescindible para el país con la tasa más alta de paro de la Unión Europea.
«La reforma laboral es necesaria para ayudar y contribuir a crear empleo, reducir el paro y hacer que en nuestro mercado laboral haya mucho más trabajo indefinido que trabajo precario».
El presidente del Gobierno afirmó, en contra de la tesis sindical, que éste es el momento oportuno para introducir esos cambios tras el descenso del paro en mayo conocido ayer, que calificó de «esperanzador». «Una buena reforma laboral contribuirá a que la esperanza del dato de paro se mantenga y profundice».Sigue en página 4
Editorial en página 3
Página 25
La fecha elegida por Zapatero para dictar el decretazo laboral alimenta la idea de que todas las rectificaciones en política económica del Gobierno son impuestas. El día 16 es justamente la víspera de la Cumbre europea en la que Zapatero volverá a verse las caras con los jefes de Estado y de Gobierno que le exigieron el mes pasado que tomara medidas drásticas para no poner en peligro la estabilidad del euro tras la debacle griega.
El anuncio se produce también sólo unos días antes del primer examen de Bruselas al ajuste del gasto público español. El comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, informará el próximo lunes día 7 en Luxemburgo a los ministros de Finanzas de la Eurozona sobre si el ajuste es suficiente y si va acompañado de las reformas necesarias. El propio Zapatero no ocultó que toma la decisión en un contexto de «dificultades graves que existen en los mercados financieros, que necesitan respuestas de confianza para eliminar la intranquilidad».
La mera sugerencia del pasado lunes de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, sobre que la negociación laboral podría continuar aún todo este mes de junio provocó un nuevo cataclismo en la Bolsa llevando a niveles récord la llamada prima de riesgo país. La remuneración que exigen los inversores para invertir en la deuda española es de 180 puntos básicos más que la alemana, un récord que se mantuvo ayer tras el anuncio del presidente del Gobierno de reforma laboral. La credibilidad gubernamental se encuentra bajo mínimos al no ser habitual en Europa que una ministra sugiera que el decretazo pueda tardar un mes y, 48 horas después, el presidente lo deje en 15 días. La necesidad de responder a los mercados se dejó notar simplemente por el formato del anuncio. El presidente tuvo que aprovechar una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Pakistán, Yusuf Razá Guilani, para desvelar una de las medidas más importantes desde que él mismo llegó al poder en 2004.
En el PP resaltaron ayer, además, que el día 16 es el debut de la selección española de fútbol en el Mundial, lo que puede facilitar que una medida impopular como es un decreto de abaratamiento del despido pase más inadvertida ante la opinión pública.
No obstante, Zapatero quiso ayer transmitir seriedad y contundencia e incluso aseguró que la reforma «ya está perfilada» y que «afectará a aspectos esenciales del mercado laboral». Su tono fue el de que irá más lejos que en su propuesta del pasado febrero a los agentes sociales, que fue interpretada por la patronal CEOE como una reforma light y como un menú amplio por los sindicatos.
La extensión de una indemnización por despido de 33 días frente a los 45 y una penalización a la contratación temporal son algunas de las medidas que se da por seguro que incluirá la reforma del Gobierno. Según RNE, también facilitará que los empresarios puedan justificar despidos.
El anuncio de Zapatero sorprendió ayer a dos de los negociadores en un almuerzo público organizado por el Foro de la Nueva Economía. Se trataba de una conferencia del presidente de Siemens, Peter Löscher, y entre el auditorio se encontraban sentados juntos el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y el jefe de la delegación negociadora de la patronal CEOE, Santiago Herrero. Ambos coincidieron en privado en que todo apunta ya a que la negociación puede embarrancar y acabará con decretazo.
No obstante, tanto Herrero como el presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, informaron en la tarde de ayer a los vicepresidentes y uno de los acuerdos es que la patronal no debe dar nunca la imagen de que es la que se levanta de la mesa. Zapatero y los sindicatos extendieron esa imagen el pasado verano y CEOE no quiere dar pie a que se vuelva a culpar a los empresarios de un fracaso negociador.
En la patronal aseguraron ayer que no condicionarán su firma a una de sus reivindicaciones clave, la rebaja de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Pero Díaz Ferrán aseguró que no firmará nada que no suponga «una reforma global y profunda». Herrero resaltó a los vicepresidentes que una de sus preocupaciones es que el Gobierno penalice los contratos temporales, porque, en su opinión, el resultado no será un mayor número de contratos indefinidos, sino menos empleo.
Anoche, la edición digital del diario El País aseguraba que Zapatero ha recibido en privado el presidente del mayor banco alemán, el Deutsche Bank, Josef Ackermann. Esa reunión había sido negada en la víspera a este diario por un portavoz de Deutsche Bank en España. Según la versión recabada por EL MUNDO, la visita de Ackermann responde a la irritación que ha provocado en Moncloa un informe de esta entidad sobre que España no podrá atender pagos de deuda en 18 meses a medio plazo.
ANÁLISIS
MARISA CRUZ / Madrid
«Aquí, el ministro de Economía soy yo»
La fecha límite elegida por el presidente del Gobierno para aprobar la reforma del mercado laboral no es inocente ni arbitraria. Como ya empieza a ser habitual en esta crisis, la impone Bruselas. Zapatero se ha fijado como tope el 16, día en que se celebrará, anticipadamente, el Consejo de Ministros semanal que dará luz verde al decreto de reforma. No se trata de un consejo extraordinario, sino simplemente de avanzar en dos días la reunión habitual del gabinete. ¿Y por qué?
La respuesta no hay que buscarla en que sea imprescindible la presencia física de Zapatero -De la Vega puede presidirlo, como ha hecho en muchas ocasiones-, ni en que el presidente deba ir a Bruselas, justo el día 17, al último Consejo Europeo celebrado bajo la Presidencia española de la UE. Aunque la circunstancia no es baladí. Realmente, la fecha del 16 ha sido elegida porque el 18 la CE debe someter al Eurogrupo sus conclusiones sobre el plan de austeridad español. Sería sorprendente, por no decir preocupante, que Zapatero llegara el 17 dando excusas.
Si Bruselas exige algo de sus miembros es que cumplan con sus deberes. Pocas justificaciones tendría Zapatero si, después de año y medio dando cancha libre a los interlocutores sociales para que consensúen una reforma, se presentara asegurando que todavía confía en el pacto y que ha parado el reloj en favor del acuerdo. O lo que es lo mismo, que sigue mareando la perdiz.
Es por esto por lo que el presidente se apresuró ayer a poner fecha a un decreto que le da miedo tener que firmar. Ha retrasado su decisión todo lo que ha podido, y ello, a pesar de que algunos de sus asesores más próximos le insistieron hace meses en la necesidad de coger el toro por los cuernos, a más tardar en enero de 2010. El presidente hizo oídos sordos. En su lugar, ha dejado que su jefe de gabinete, José Enrique Serrano, interviniera en los momentos puntuales en la mesa de una larguísima negociación anulando completamente la voz del titular de Trabajo, Celestino Corbacho, que ha pintado poco. Serrano aseguró hace un año, en vísperas de la ruptura de las negociaciones, durante una reunión en La Moncloa en la que estaban presentes Zapatero; la vicepresidenta segunda Elena Salgado; el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán; el de Cepyme, Jesús Bárcenas, y los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo: «Aquí, el ministro de Economía soy yo». Ahora, casi 12 meses después, le toca demostrarlo.
«Zapatero ha dejado que su jefe de gabinete anulara la voz del ministro de Trabajo»
BEGOÑA P. RAMÍREZ / Madrid
Los sindicatos culpan al Gobierno del bloqueo de las negociaciones
Le critican por actuar sólo «como árbitro y no como parte activa» del Diálogo Social
El desenlace del diálogo social se escribirá el próximo miércoles, después de que Gobierno, sindicatos y patronal agotaran sin grandes avances su penúltima baza en la reunión que mantuvieron anoche. Pese a la petición que le lanzaron el pasado lunes CCOO y UGT, el Ejecutivo no presentó a sus interlocutores documento alguno que concretara cómo va a ser la reforma laboral que amenaza con aprobar por decreto.
De hecho, la falta de iniciativa del Gobierno ha bloqueado los avances en la negociación de la reforma laboral precisamente en muchos de los puntos en que sindicatos y patronal están próximos al acuerdo. Así ha ocurrido con las bonificaciones a la contratación, el papel del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en el pago de indemnizaciones por despido o el plan contra el paro juvenil. Tras el anuncio de los ajustes contra el déficit público, el Ejecutivo no ha aclarado si los recortes afectarán a éstas y otras partidas involucradas en el diálogo social en curso. «Estamos a la espera de que el Gobierno nos diga si hay dinero», revelaron fuentes sindicales, que acusan al Ejecutivo de «haber actuado como árbitro y no como parte activa de la negociación» estos últimos meses.
Es más, no ha presentado a la mesa ni un solo papel desde el 12 de abril, cuando entregó a patronal y sindicatos un documento con ocho puntos que las partes coincidieron en criticar por su inconcreción.
Así, por ejemplo, los negociadores desconocen si hay fondos para reorientar las bonificaciones, que UGT y CCOO quieren concentrar en un número reducido de colectivos. Antes del plan de ajuste, explican los sindicatos, el Gobierno ofrecía una cifra próxima a los 1.500 millones de euros para bonificar esos contratos. «Ahora ya no sabemos si cuenta con ese dinero», se lamentan.
Como la CEOE prefiere rebajas en las cuotas a la Seguridad Social antes que bonificaciones, la mesa de diálogo también estudió la posibilidad de que éstas se emplearan para pagar los despidos por causas objetivas (económicas, técnicas...) y, de forma transitoria, por el Fogasa. No sólo en las empresas de menos de 25 trabajadores como hasta ahora, sino en todas. Es lo que se dio en llamar modelo austriaco. Pese a que el Ejecutivo se comprometió con patronal y sindicatos a entregarles «a partir del 10 de mayo» un diseño preciso de cómo aplicar ese sistema en España, la mesa no ha vuelto a tener noticias. No obstante, para ponerlo en marcha, antes del plan de ajuste había un remanente de casi 3.000 millones que, si se usaran para ese fin, aumentaría el déficit en un 0,3 puntos porcentuales.
Además, los sindicatos plantearon alternativas a la rebaja de cotizaciones que pide la CEOE. Una de ellas, que la Seguridad Social pague las bajas por incapacidad temporal de los trabajadores desde el cuarto al decimoquinto día de enfermedad, en lugar de las empresas. Las medidas de ajuste también pueden haber dado al traste con esta posibilidad. Y lo mismo ocurre con el modelo alemán, la reducción de jornada compensada con una prestación pública. Para las fuentes, es imposible una reforma laboral «de coste cero» como era la intención del Gobierno.
En cualquier caso, el obstáculo fundamental para un acuerdo sigue siendo el coste del despido, que la CEOE quiere abaratar. El Gobierno parece dispuesto a ceder para hacer «más atractiva la contratación». Los sindicatos, por el contrario, lo consideran casus belli. De ahí que se opongan a extender el contrato de fomento del empleo, con 33 días de indemnización por despido objetivo e improcedente: «Lo mejor sería que desapareciera». También denuncian que indemnizar con 33 días el despido disciplinario improcedente, en vez de los 45 actuales, por rescindir estos contratos de fomento -como propone el Gobierno- es un «subterfugio» para abaratar el despido.
En sus críticas, los sindicatos no olvidan a la CEOE, que pretende ampliar el contrato de formación hasta los 30 años, con un sueldo equivalente al 85% del Salario Mínimo Interprofesional, que es de 633 euros. Es decir, un equivalente al contrato precario para jóvenes que la CEOE negó tener en la agenda. El Gobierno, revelan los sindicatos, accedió a extenderlo hasta los 26 años.
MANUEL SÁNCHEZ / Madrid
Zapatero prometió una reforma laboral consensuada
«Las cosas de los trabajadores las pactaré con los sindicatos», dijo en la campaña
Si para cualquier político es difícil enfrentarse a la hemeroteca, para José Luis Rodríguez Zapatero sería un calvario que alguien le leyera o le recordara lo que dijo, las veces que lo dijo y lo que prometió sobre la reforma laboral. Decenas de ocasiones antes, durante y después de la campaña electoral de 2008, el líder socialista proclamó que no habría reforma sin pactarla con sindicatos y empresarios.
«Mi compromiso es que las cosas de los trabajadores las dialogaré y las pactaré con los trabajadores y con los sindicatos» (Valladolid, 20-02-2008); «Vamos a hacer un gran acuerdo para salir de la crisis con la suma de todos. Unidos, trabajadores y empresarios» (Albacete, 17-05-2009); «La reforma laboral no implicará abaratamiento del despido» (Madrid, 5-02-2010); «La reforma laboral, para ser eficaz, debe ser consensuada con el apoyo de empresarios y sindicatos» (Madrid, 12-05-2010).
Todo ello parece que puede quedar en papel mojado tras el anuncio hecho ayer por Zapatero, que apunta a otro decretazo laboral, como el que hizo José María Aznar en su segunda legislatura, ya que nadie en el Gobierno ni en el PSOE ve la más mínima posibilidad de acuerdo entre las partes.
Si a esto se suman los recientes recortes sociales, es difícil entender cómo el dirigente socialista, hace sólo ocho meses, afirmó ante el Comité Federal de su partido: «Hemos dicho no a abaratar el despido y a reducir los derechos de los trabajadores (...), hemos dicho no a reducir las prestaciones sociales, los derechos sociales, los avances y las conquistas de la gente que no tiene de todo (...) y, por supuesto, seguiremos aumentando -como hemos hecho durante toda la legislatura- las pensiones mínimas para aquellos que tienen menos rentas».
Al PSOE le quedan ya pocas banderas que izar, y empieza a preocupar seriamente entre los veteranos del partido.
«La reforma no implicará abaratar el despido», afirmó hace sólo cuatro meses
Links to this post:
Crear un enlace
Home