AJUSTES OBLIGADOS POR DEJARNOS LOS SOCIALISTAS SIN UN EURO: Se endurece el acceso a la tarjeta sanitaria a los extranjeros. Fin al turismo sanitario
OLGA R. SANMARTÍN MADRID
El Gobierno volverá a cambiar la Ley de Extranjería -una norma que ha sufrido cinco reformas en la última década- para endurecer los requisitos con los que los ciudadanos obtienen la tarjeta sanitaria. Su objetivo es acabar con el llamado turismo sanitario, por el que los extranjeros vienen a España, se empadronan, se operan y se van.
Esta práctica, a la que han recurrido más de 700.000 extranjeros, ha supuesto un agujero de 917 millones de euros en un solo año, según un informe del Tribunal de Cuentas.
Hasta ahora, basta con que un ciudadano, tanto español como extranjero, presente su certificado de empadronamiento para obtener la tarjeta sanitaria, que le da acceso universal y gratuito a todos los servicios del sistema público. El registro en el padrón se obtiene simplemente con un DNI o pasaporte y un contrato de alquiler o de compraventa de la vivienda o la última factura de teléfono fijo, agua, luz o gas.
Según explicaron ayer en el Ministerio de Sanidad, habrá que aportar más documentación adicional, aparte del padrón, para obtener esta tarjeta, con el objetivo de acreditar que se vive de forma habitual en España.
Esto cambiará tanto para los españoles para los extranjeros, pero, en la práctica, restringirá el acceso a los inmigrantes, sobre todo al millón de personas que se calcula que se encuentran en situación irregular.
En Sanidad insisten en que esta medida está pensada sólo para aquellos que no viven aquí habitualmente ni tienen intención de hacerlo. Según el citado informe del Tribunal de Cuentas, son fundamentalmente portugueses y franceses.
Pero a nadie se le escapa que habrá muchos sin papeles que no tendrán forma de acreditar que están establecidos en España. De hecho, hay muchos que ni siquiera están empadronados porque no pueden presentar un pasaporte y usan la sanidad pública por la puerta de atrás; es decir, acudiendo directamente a urgencias.
Cuando la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato, fue instada a que concretara esta cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, mencionó el pago de «impuestos» o disponer de «residencia fiscal en España» como forma de acreditar que se vive aquí habitualmente.
Pero, a renglón seguido, añadió: «Para el resto se les ofrecerá el mismo servicio que se nos ofrece a nosotros los españoles en sus países. La asistencia básica y las urgencias seguirán siendo para todo el mundo». Es decir, la universalidad de la asistencia se mantiene, pero se establecen dos categorías de atención: la básica (sin tarjeta sanitaria) y la integral (con tarjeta sanitaria, para los residentes permanentes).
El Gobierno tendrá que tocar el artículo 12 de la Ley de Extranjería, que ahora dice que «los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que residan habitualmente tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles».
También tiene que trasponer un artículo de una directiva europea que incorporó de forma incorrecta en su momento que era el que le impedía que pudiera facturar a otros países el uso de la sanidad que hacían los extranjeros.
Lo que no tocará es la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, que es la que se encarga de todo lo que tiene que ver con el padrón.
También se van a revisar los convenios con algunos países, ya que, según Mato, «mucho no reintegran el dinero que deben por la asistencia sanitaria».
Con todo esto, Sanidad quiere ahorrar otros 1.500 millones de euros.
El Gobierno deja fuera de la subida de los medicamentos a los funcionarios
Dos millones de empleados públicos seguirán abonando el 30% del precio del fármaco
El Gobierno sube el copago farmacéutico a los asalariados y a los jubilados. Pero se olvida de sus empleados. Los casi dos millones de funcionarios que tienen sanidad cuasi privada a través de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) seguirán abonando el 30% del precio de sus medicamentos como antes. Es decir, entre 10 y 30 puntos por debajo del porcentaje por fármaco que pagarán los trabajadores del sector privado.
En este colectivo de funcionarios están muchos ministros, altos cargos, diputados y senadores e incluso asesores ministeriales. Pero sí resultará afectado por la nueva forma de copago farmacéutico, según sus ingresos, el millón de empleados públicos que figuran como personal laboral, ya que cotizan y están adscritos a la Seguridad Social.
El Gobierno aprobó ayer en el Consejo de Ministros los recortes sanitarios con los que pretende ahorrar 7.000 millones de euros. La ministra de Sanidad, Ana Mato, confirmó en rueda de prensa que los funcionarios están exentos de esta subida de los medicamentos porque «tienen un régimen especial». Los enfermos crónicos también seguirán pagando un 10% del precio como hasta ahora. Y los parados de larga duración, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, tendrán los medicamentos gratis.
La ministra siguió sin aclarar los grandes enigmas del copago farmacéutico, como el dinero concreto que se recaudará, el tope de renta que delimitará los porcentajes de pago o el número de usuarios a los que afectará. En esta cuestión, y según datos del informe económico-financiero de la Seguridad Social, casi siete millones de pensionistas (exactamente 6.930.520) deberán pagar un 10% de sus medicamentos cuando definitivamente entre en vigor -dentro de dos meses- el nuevo sistema de aportación de los usuarios.
Todos ellos reciben una o más pensiones acumuladas (jubilación, viudedad, orfandad o de incapacidad permanente) por debajo de los 1.571 euros mensuales; es decir, son inferiores al umbral establecido (22.000 euros anuales brutos) por Sanidad para abonar esta cantidad, que tienen como límite el abono de ocho euros mensuales. Esta cifra representa el 85% del total de pensionistas del sistema público español.
El otro 15% (1.135.987), que cobran una pensión o más por encima de esos 22.000 euros, deberá pagar también el 10%, pero su límite mensual será de 18% euros.
Aunque Mato volvió ayer a recordar que el baremos de los ingresos era 18.000 euros, en el Ministerio de Hacienda insisten en que es de 22.000, ya que es ésta la cifra de ingresos brutos a partir de la cual los declarantes están obligados a presentar la declaración del IRPF correspondiente. En realidad, se ha optado por esta cantidad ya que, después de la deducción por rendimientos de trabajo, cotizaciones y mínimos familiares, al contribuyente con esos ingreso le sale una base liquidable de unos 17.700 euros que tributan a tipo cero.
Según las fuentes consultadas, representantes de Sanidad y de Hacienda de Hacienda estuvieron sopesando que cifra era mejor poner en el decreto, si 22.000 o 18.000 euros y, al final, consideraron más «oportuno» este redactado: «18.000 euros consignados en la casilla de base liquidable general y del ahorro del IRPF», informa Olga R. Sanmartín.
Por otra parte, según la Agencia Tributaria, hay unos seis millones de contribuyentes (activos y algún jubilado con pensión máxima) que declaran rentas por encima de los 22.000 euros. Entre los tramos de rentas medias entre 22.000 a 100.000 euros, que deberán pagar por los medicamentos un 50% de su coste, existen casi 5,8 millones de personas. Y sólo hay 251.951 contribuyentes (el 1,3% del total) que declaran ingresos superiores a los 100.000 euros y que, por tanto, deberán pagar el 60% de los medicamentos. La mayor parte de este colectivo tiene sanidad privada y no consume medicamentos con receta pública.
La subida de tasas puede recaudar 600 millones
El aumento de la matrícula no hará caer el número de becas, según Educación
El Ministerio de Educación no quiere comprometer ninguna cifra en cuanto al ahorro que supondrá la subida de las tasas de matriculación universitaria. Pero sí se atrevió a concretar que el pago de un curso podía llegar a costar hasta 540 euros más que ahora. La secretaria de Estado circunscribió este cálculo a los estudios de grado, no de máster, y ofrecía una estimación media, dado que hay grados más caros que otros.
Por otro lado, tenemos en la universidad pública 1,3 millones de estudiantes de grado y antiguas licenciaturas. Quitemos a los becarios: el año pasado hubo 193.581 en este nivel de estudios.
Si se mantiene un número similar de alumnos y de becarios, ese máximo de 540 euros más por alumno puede traducirse en casi 600 millones de euros.
El cálculo es muy somero, puesto que las matrículas en la UNED (universidad a distancia) son más baratas que las presenciales y aquí estudian unas 150.000 personas. Pero también hay que tener en cuenta que el cálculo de los 540 euros de más afecta sólo a las primeras matriculaciones y que el Gobierno va a hacer pagar mucho más por las segundas, terceras y cuartas convocatorias: en este último caso, el alumno llegará a pagar hasta siete veces más de lo que abonó en principio. Pero no hay registros de repetidores universitarios, por lo que no puede estimarse la recaudación por esa vía.
Tampoco ha dado Educación el aumento estimado del coste de un máster. Lo que sí dijo es que los no habilitantes -los no requeridos para trabajar- pueden costar hasta tres veces más. Con todos, los másteres habilitantes y los que no, la recaudación de las comunidades para costear la universidad, puede ser mucho mayor siempre que se acerquen a los máximos de la horquilla fijada por el Gobierno.
«La cifra de los 600 millones es lógica», opina el economista Juan Hernández Armenteros, autor de los informes La Universidad en Cifras. «Al fin y al cabo, si hay que ahorrar 3.000 millones en educación y la universidad supone un 20% del gasto educativo, es esperable que le corresponda un 20% del ahorro, que son justo 600 millones».
Este experto considera, por el contrario, que el aumento de horas de clase para el profesorado que no investiga no se traducirá en una reducción significativa de las plantillas para el curso próximo y, por tanto, en un ahorro inmediato. Observa el economista que en las titulaciones de Humanidades y en las Experimentales, el 90% del profesorado es funcionario. En cualquier caso, la transparencia y la agilidad no son precisamente virtudes de las grandes universidades.
Para empezar, y en lo que se refiere a la subida de las tasas universitarias en función del coste real de las titulaciones, Armenteros señala que hay universidades que aún no tienen contabilidad analítica para saber cuánto cuestan sus enseñanzas. En este sentido, los gobiernos autonómicos van a tener que hacer un arduo trabajo con sus campus.
Por otro lado, son numerosas las reclamaciones de que una subida de tasas vaya acompañada de una subida de becas. Así lo recomienda, de hecho, la OCDE. Podría pensarse que si la beca cubre lo que paga el alumno y éste tiene que pagar más, el mismo dinero del Ministerio dará para menos becarios. Pero Educación ha garantizado que no va a ocurrir. José Ignacio Wert logró el compromiso de las comunidades de que ellas se harán cargo del nuevo coste extra de la matrícula en los alumnos que resulten becados, según fuentes del Ministerio. Así, los becarios lo serán a cuenta del Gobierno (que cubrirá lo mismo que hasta ahora) y también de las comunidades. Con todo, la subida les compensa.
Aguirre insumisa por el inglés ante Educación
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pasará «a la insumisión» si el Ministerio de Educación, que dirige José Ignacio Wert, no autoriza a contratar profesores nativos para los colegios públicos e institutos bilingües de la región. La presidenta dijo que le parecía «alucinante» la respuesta del Ministerio a su pretensión. «Esto -añadió- no ocurre en ningún otro país. ¿No se supone que la UE garantiza la libre circulación de los trabajadores». «La verdad, creo que vamos a pasar a la insumisión porque esto no puede ser», agregó. La Comunidad cree que la negativa a poder contratar a estos profesores es la venganza de un alto funcionario que trabajó en la consejería de Educación y que ahora está en el ministerio con José Ignacio Wert. Por su parte, el ministro de Educación explicó que Aguirre quería decir que «debido a la amplitud que ha alcanzado en la capital la implantación de los centros bilingües le resulta difícil contar con personal suficientemente capacitado» sin recurrir a los nativos. Tomás Gómez (PSOE) pidió a la presidenta que fuera insumisa, «pero a la existencia de más alumnos y menos profesores en aulas masificadas» debido a los recortes.posted by e-pesimo | 08:11
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